E.E. Santiago.
El Consello de la Xunta aprueba esta norma que incluye a los emigrantes gallegos y descendientes como medio para su retorno. El Consello de la Xunta aprobó el proyecto de Lei de Servizos Sociais, “el más relevante en la materia” de toda la legislatura, según destacó el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, que explicó que permitirá “superar una visión asistencialista” de los servicios sociales y convertirlos “en derechos” exigibles por los ciudadanos. No exige el compromiso del 7% de las administraciones competentes, pero espera lograrlo “a medio plazo”.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Touriño resaltó que la ley se dota de instrumentos como la tarjeta social gallega, el expediente único y el profesional de referencia, figuras asimilables a la tarjeta sanitaria, la historia clínica y el médico de cabecera.
La norma configura la universalización de los derechos que podrán reclamar todos los ciudadanos, que coordinará la Axencia Galega de Servicios Sociais. Esta ley beneficiará por igual a todos los ciudadanos de la Unión Europea, a los inmigrantes empadronados en la Comunidad; a los gallegos residentes en el exterior y a sus descendientes cuando, estando necesitados de atención, les sirva como medio para su retorno definitivo; y también cubrirá a las personas que se encuentren en situación de emergencia social o humanitaria, según establece la Ley de Extranjería.
Touriño destacó que se prevé su planificación estratégica cada seis años, que podrá ser desarrollada como planes y programas sectoriales que deberán contener las especificaciones mínimas fijadas en la ley. La nueva norma establece que los presupuestos gallegos recojan las correspondientes previsiones para atender las necesidades de los servicios, programas y prestaciones previstos para cada ejercicio.
Financiación y control - Respecto a la financiación, Touriño recordó que en la exposición de motivos de la ley se habla de “alcanzar un compromiso de esfuerzo financiero público que se puede cifrar a medio plazo en torno al 7% de los presupuestos de las administraciones públicas competentes”, que son fundamentalmente la autonómica y la local.
La nueva norma establece un catálogo de servicios, que será exigible por parte de la ciudadanía y mecanismos de control y participación con la creación del Consello Galego de Benestar, en el que tendrán cabida la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias, organizaciones empresariales, centrales sindicales y organizaciones profesionales agrarias, colegios profesionales, universidades, asociaciones de usuarios y entidades prestadoras de servicios sociales.
Agilizar la gestión - El texto autoriza la creación de la Axencia Galega de Servizos Sociais, que buscará propiciar una gestión más ágil y eficiente en el marco de las funciones fijadas en este proyecto de ley. Sus objetivos serán lograr un aprovechamiento óptimo y la racionalización en el empleo de recursos dedicados a servicios sociales, entre otros.
La ley regula también la participación de la iniciativa social y de entidades privadas en la gestión de los servicios sociales, desde el punto de vista de su complementariedad con la oferta pública.
También establece áreas sociales como unidades territoriales de referencia a la hora de planificar los servicios sociales, de forma que “se garantice una distribución equilibrada de los recursos” y la igualdad de oportunidades en el acceso a ellos.
Finalmente, se regula el régimen de infracciones y sanciones en materia de servicios sociales, que pueden llegar hasta los 600.000 euros.
